Consentimiento del asegurado: sin firma del tercero, el contrato es nulo

La regla parece simple y tiene tres piezas que no se pueden separar. El consentimiento tiene que ser del tercero asegurado, tiene que constar por escrito, y tiene que existir antes de la celebración del contrato.

Hay una cuarta que casi nadie recuerda y es la que más se incumple: el escrito debe indicar la suma asegurada. No basta un «autorizo que me aseguren»: la persona tiene que saber por cuánto.

Faltando cualquiera de esas piezas, la consecuencia no es un trámite pendiente. El contrato es nulo, lo que significa que no produjo efectos desde el principio — no que se cancele hacia adelante.

Firmar al contratar no agota el asunto. La ley pide el mismo consentimiento por escrito para toda designación del beneficiario, para transmitir el beneficio del contrato, para ceder los derechos y para constituir prenda sobre ellos.

La excepción está acotada: esas tres últimas operaciones —transmisión, cesión y prenda— no requieren el consentimiento cuando se celebran con la propia aseguradora.

En la práctica, la que más aparece es la designación de beneficiario. Cambiar quién cobra en una póliza sobre la vida de un tercero no es una gestión administrativa del contratante: necesita la firma de la persona asegurada.

Hay un caso en que la ley releva de ese requisito: el seguro sobre la vida del cónyuge o del hijo mayor de edad es válido sin el consentimiento del artículo que lo exige.

Es la excepción que hace posible la práctica más común del mercado —la póliza familiar donde uno contrata y el otro está asegurado— sin convertirla en un trámite notarial.

Conviene, aun así, no confundir «no exigido por ley» con «mejor sin decirlo». Una póliza sobre la vida de alguien que no sabe que existe crea un problema el día del siniestro, aunque sea legalmente válida.

Un seguro sobre la vida de alguien crea, por definición, un interés económico en su muerte. Ese es el motivo entero de la regla.

Exigir que la persona lo sepa, lo autorice por escrito y conozca la suma convierte ese interés en algo transparente y consentido, en lugar de oculto. La transparencia es la protección.

Por eso la sanción no es una multa ni un requisito subsanable después: es la nulidad. La ley prefiere que ese contrato no exista antes que arreglarlo a posteriori.

Casi nunca por mala fe. Lo que vemos es un hijo que quiere asegurar a un padre mayor y llena la solicitud «para no molestarlo», o un socio que asegura al otro sin haberle enseñado la suma.

También aparece en el otro extremo del tiempo: pólizas viejas donde el consentimiento sí existió pero nadie sabe dónde está el papel. Sin ese documento, acreditar que se cumplió el requisito se vuelve difícil justo cuando importa.

El arreglo es barato y aburrido: firmar el consentimiento con la suma indicada, guardarlo junto a la póliza y volver a firmarlo cada vez que cambie el beneficiario.

Cuando la póliza es sobre la vida de un tercero, la conversación se hace con esa persona presente. No es un formalismo: es la única manera de que el consentimiento signifique algo y de que la suma asegurada le conste.

Guardamos copia del consentimiento con la póliza y la referimos en la hoja de entrega, para que dentro de diez años nadie tenga que buscarla.

Y cada vez que un cliente pide cambiar beneficiarios en una póliza de este tipo, lo primero que preguntamos no es a quién, sino si la persona asegurada va a firmar. Sin eso, el cambio no se sostiene.