Omisión e inexacta declaración: el deber que decide todo lo demás

El deber tiene una forma concreta y conviene leerla despacio: declarar por escrito, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozcas o debas conocer al momento de celebrar el contrato.

Hay cuatro piezas ahí. Por escrito. Conforme al cuestionario. Hechos importantes para apreciar el riesgo. Y lo que conoces o deberías conocer, no lo que un especialista sabría.

La frase que más se olvida al citar este deber es «de acuerdo con el cuestionario relativo». Acota el alcance: no es una obligación abierta de narrar tu vida entera, sino de contestar con verdad y sin omitir lo que se te pregunta.

La ley cubre dos situaciones frecuentes y conviene conocerlas antes de firmar un papel que llenó otra persona.

Si el contrato se celebra por un representante, deben declararse los hechos importantes que sean o deban ser conocidos del representante y del representado. No basta con lo que uno de los dos sabía.

Y cuando alguien propone un seguro por cuenta de otro, el proponente debe declarar los hechos importantes que sean o deban ser conocidos del tercero asegurado o de su intermediario. Es decir: contratar para otro no diluye el deber, lo extiende.

Cualquier omisión o inexacta declaración faculta a la aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque el hecho omitido no haya influido en la realización del siniestro.

Esa última parte es la que sorprende y la que hay que entender antes de decidir qué callar: la ley no exige relación entre lo omitido y lo que pasó. Un dato omitido sobre una rodilla puede afectar un contrato en el que después ocurre algo cardiaco.

Por eso la estrategia de «no lo pongo, total no tiene nada que ver» no es una apuesta arriesgada: es una apuesta contra la letra expresa del artículo.

Aquí está el contrapeso, y es el dato que más veces cambia el resultado de un rechazo. La compañía debe comunicar la rescisión en forma auténtica, al asegurado o a sus beneficiarios, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que ella conozca la omisión o inexacta declaración.

«Desde que ella conozca» es la clave. No desde que decide actuar, no desde que termina su investigación interna: desde que el hecho llegó a su conocimiento.

Por eso, ante una carta de rescisión, la primera pregunta no es médica ni técnica: es de fechas. Cuándo supo la compañía lo que ahora invoca, con qué documento lo supo, y cuánto tardó en comunicarlo. La respuesta a veces cierra el asunto sin discutir el fondo.

Hay una regla poco conocida que salva coberturas y conviene tener a mano en pólizas familiares o de flotilla.

Cuando el contrato comprende varias cosas o varias personas y la omisión se refiere sólo a algunas, el seguro queda en vigor para las otras — si se comprueba que la aseguradora las habría asegurado solas en las mismas condiciones.

Traducido: una inexactitud sobre un asegurado de la póliza no arrastra automáticamente a los demás. Eso hay que invocarlo, porque una carta de rescisión rara vez lo ofrece.

La regla que damos siempre es la misma y es aburrida: si dudas si algo cuenta, escríbelo. Una declaración de más se resuelve con una conversación y a veces con una prima distinta; una de menos, con una negativa años después.

Contesta tú las preguntas, aunque alguien te ayude con el formato. Y lee lo que vas a firmar aunque te lo hayan llenado: la firma es tuya y el deber también.

Guarda copia de la solicitud tal como la firmaste. Es el documento contra el que se va a comparar cualquier discusión futura, y casi nadie lo conserva.

Llenamos la solicitud en una sesión con el cliente presente y con las preguntas leídas en voz alta. No es lentitud: es el momento con mayor rendimiento de todo el proceso.

Cuando hay un antecedente que preocupa, lo declaramos y pedimos por escrito cómo queda tratado. Aceptado y documentado, deja de ser un frente abierto.

Y si ya llegó una rescisión, lo primero que armamos son las fechas: cuándo supo la compañía, con qué documento, y cuándo comunicó. Antes de discutir el fondo, hay que revisar si tenía derecho a llegar hasta ahí.