Pérdidas orgánicas: lo que da la ley y lo que da el contrato

Aquí conviene ser exactos, porque circula mucha información que mezcla las dos cosas. La Ley sobre el Contrato de Seguro da el marco del seguro de accidentes; no contiene ninguna tabla de indemnización por pérdida de miembros u órganos.

Esa tabla —qué porcentaje de la suma corresponde a cada pérdida— es del clausulado de cada producto, y varía entre compañías.

Por eso esta página no publica porcentajes. Decir «la pérdida de una mano paga tanto» sin nombrar el producto sería inventar, y es exactamente el tipo de dato que la gente después recuerda como si fuera ley.

Hay una regla que protege más de lo que parece. En el seguro contra accidentes, la prestación debe pagarse en forma de capital siempre que el accidente cause una disminución permanente en la capacidad para el trabajo.

La excepción está acotada: sólo si se estipuló expresamente que se cubra en forma de renta.

La diferencia entre las dos formas es enorme para una familia. Un capital permite reorganizar la vida —pagar deudas, adaptar una casa, sostener meses sin ingreso—; una renta reparte el mismo dinero en cuotas que a veces llegan tarde para lo que hacía falta.

En el seguro colectivo contra accidentes, el beneficiario adquiere un derecho propio contra la aseguradora desde que el accidente ocurre.

«Desde que el accidente ocurre» es la parte que importa: no desde que alguien lo reporta, no desde que la compañía lo aprueba.

Y «derecho propio» significa que puede exigirlo directamente, sin depender de terceros. Es la misma lógica que rige en el seguro de responsabilidad, y protege por la misma razón.

La ley ata el pago en capital a una disminución en la capacidad para el trabajo que deba estimarse como permanente. Esa calificación no es un trámite: es el centro de la discusión en la mayoría de los casos.

De ahí que el expediente médico pese tanto. Lo que documenten los tratantes sobre la evolución y sobre el carácter definitivo de la secuela es lo que después sostiene la reclamación.

Y de ahí también que convenga no cerrar una reclamación mientras la evolución siga abierta. Un finiquito firmado antes de tiempo se firma sobre información incompleta.

Las disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro son imperativas, salvo que admitan expresamente el pacto en contrario.

Traducido a esta cobertura: cuando la ley no autoriza pactar distinto, una cláusula que la contradiga no vale, por más que esté impresa.

Es la regla que permite leer un clausulado con criterio en lugar de leerlo con resignación. No todo lo que está escrito obliga.

El expediente de una reclamación por pérdidas orgánicas se arma desde el hospital, no desde la oficina. Las notas de urgencias, los estudios de imagen con fecha y los reportes quirúrgicos son la base de todo lo que venga después.

Conviene además conservar lo que documenta el accidente en sí: el parte, las fotografías, los datos de testigos si los hubo. La cobertura es de accidentes, así que probar que lo fue es parte de la reclamación.

Y llevar una línea de tiempo simple —qué día ocurrió, qué día se atendió, qué día se emitió cada diagnóstico— ahorra semanas cuando alguien tenga que revisar el caso completo.

Leemos la tabla del producto concreto antes de decir una sola cifra. Es la única forma honesta de responder «¿cuánto pagaría?».

Verificamos si la cobertura es adicional o descontable respecto de la muerte accidental, porque cambia por completo el valor real de lo contratado.

Y ante un accidente con secuelas, acompañamos el armado del expediente médico con la atención puesta en lo que la ley pide probar: el carácter permanente de la disminución. Ese es el punto donde estas reclamaciones se ganan o se alargan.