Le firmo yo, total, es mi mamá y ella está de acuerdo
Es el error más caro de este tema y viene siempre de la buena intención. El consentimiento tiene que ser de la persona asegurada, por escrito y previo, con la suma asegurada indicada. Una firma imitada no vale, y una autorización verbal tampoco. Además, ese mismo consentimiento por escrito hace falta para designar beneficiario y para transmitir el beneficio: no basta con firmar una vez la solicitud.
Nulo no es lo mismo que cancelable
La palabra que usa la ley importa. Un contrato nulo no produce efectos desde el origen: no es que la aseguradora pueda cancelarlo si se entera, es que nunca fue válido. Si alguien contrata sobre la vida de su madre sin la firma de ella y paga primas diez años, el día del siniestro no hay contrato que reclamar. Por eso la firma se consigue antes, aunque implique una conversación incómoda sobre la muerte.
El consentimiento, con sus tres condiciones
La ley pide tres cosas juntas y las tres tienen que cumplirse. Que el consentimiento conste por escrito. Que sea anterior a la celebración del contrato. Y que indique la suma asegurada, no de forma genérica.
Y no se agota en la contratación. El mismo consentimiento del tercero asegurado debe constar por escrito para toda designación de beneficiario, para la transmisión del beneficio del contrato, para la cesión de derechos y para la constitución de prenda, salvo cuando estas tres últimas operaciones se celebren con la propia aseguradora.
Hay dos excepciones expresas que conviene conocer porque cambian el caso de mucha gente: el seguro sobre la vida del cónyuge y sobre la del hijo mayor de edad es válido sin ese consentimiento. Y el seguro recíproco puede celebrarse en un solo acto. Los padres no están en esa lista: para ellos hace falta la firma.
Interés asegurable: por qué la ley lo permite
Detrás de este permiso hay una lógica y ayuda a explicárselo a un padre reticente. El seguro de personas puede cubrir un interés económico de cualquier especie que resulte de los riesgos que trata ese título, o bien dar derecho a prestaciones independientes de toda pérdida patrimonial.
Traducido: la ley reconoce que la muerte de un padre puede tener consecuencias económicas para un hijo —gastos funerarios, deudas heredadas al patrimonio, gastos médicos finales, el sostenimiento del otro progenitor— y permite asegurarlas. No hace falta demostrar dependencia económica para que el contrato sea válido, pero sí que haya consentimiento.
El calendario, que es el verdadero obstáculo
Aquí conviene ser honesto antes de generar expectativas. El mercado individual mexicano se concentra en edades muy anteriores a la de un padre típico: el máximo de pólizas en vigor está en los 42 años, con 376,674; a los 65 quedan 206,123, a los 70 sólo 129,980 y a los 80, 26,058.
Ese descenso mezcla varias causas —plazos que terminan, pólizas impagadas, fallecimientos y admisión que se cierra— y ninguna fuente pública separa cuánto pesa cada una. Lo que sí demuestra es que la oferta se estrecha mucho después de los sesenta y cinco, y que las condiciones a esas edades son distintas: más exámenes, más prima y sumas más limitadas.
Y el riesgo se concentra justo ahí. Las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud sumaron 684,510 en México durante 2025, y el 63.8 % ocurrió en personas de 65 años y más.
Qué se puede hacer cuando la edad ya cerró la puerta
Cuando el mercado individual no admite, quedan caminos y conviene conocerlos en vez de dar el tema por perdido.
El primero es el seguro de grupo o empresa, donde la aseguradora se obliga en razón de pertenecer al grupo y sin examen médico obligatorio. Si el padre sigue activo laboralmente o pertenece a una asociación con esquema colectivo, esa vía puede estar abierta.
El segundo es el seguro popular que contempla la propia ley: la aseguradora se obliga por la muerte o la duración de la vida del asegurado mediante primas periódicas, también sin examen médico obligatorio, con un capital asegurado limitado que la ley fija en el texto.
El tercero es replantear el objetivo. Si lo que preocupa son los gastos finales, la conversación puede ser sobre un producto de suma modesta y no sobre una cobertura patrimonial que a esa edad ya no está disponible.
Cómo tener la conversación con ellos
Es la parte que más se atora y no es un tema técnico. Ayuda separar el trámite del tema: lo que se les pide es una firma sobre un documento con una cantidad escrita, no una conversación sobre la muerte.
Y ayuda decir para qué. Muchos padres firman sin problema cuando entienden que el objetivo es que sus hijos no tengan que pagar de golpe unos gastos finales o saldar una deuda; se resisten cuando sienten que se está especulando con su vida.
Si aun así hay negativa, la ley no ofrece atajos: sin ese consentimiento no hay contrato válido, y forzarlo produce un papel que no sirve el día que importa.
Cómo lo acompañamos
Verificamos primero qué está disponible para su edad y su estado de salud concreto, antes de mover a nadie a firmar nada. No tiene sentido pedir esa conversación si el mercado no va a admitir.
Preparamos el documento de consentimiento como la ley lo pide —por escrito, previo y con la suma asegurada indicada— y lo dejamos en el expediente para que nadie tenga que buscarlo después.
Y si la edad ya cerró la vía individual, planteamos las alternativas reales: esquemas de grupo a los que pertenezca, productos de suma modesta para gastos finales, o simplemente decir que no hay opción, que a veces es la respuesta.
Marco legal
El seguro para el caso de muerte de un tercero será nulo si el tercero no diere su consentimiento, que deberá constar por escrito antes de la celebración del contrato, con indicación de la suma asegurada; ese consentimiento deberá constar también para toda designación de beneficiario, para la transmisión del beneficio, para la cesión de derechos y para la constitución de prenda
El seguro sobre la vida del cónyuge o del hijo mayor de edad será válido sin el consentimiento exigido para el seguro sobre la vida de un tercero, y el seguro recíproco podrá celebrarse en un solo acto
El seguro de personas puede cubrir un interés económico de cualquier especie que resulte de los riesgos de que trata ese título, o bien dar derecho a prestaciones independientes en absoluto de toda pérdida patrimonial derivada del siniestro
En el seguro de grupo o empresa el asegurador se obliga por la muerte o la duración de la vida de una persona determinada, en razón simplemente de pertenecer al mismo grupo o empresa, mediante el pago de primas periódicas, sin necesidad de examen médico obligatorio
En el seguro popular la empresa se obliga por la muerte o la duración de la vida del asegurado, mediante el pago de primas periódicas, sin necesidad de examen médico obligatorio
Cuánto pasa en México
El número de pólizas o certificados individuales de vida en vigor en México alcanza su máximo a los 42 años con 376,674, y desciende a 206,123 a los 65 años, 129,980 a los 70 y 26,058 a los 80
Las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud sumaron 684,510 en México durante 2025, y el 63.8% de ellas se concentró en personas de 65 años y más
Preguntas frecuentes
Lo que se pregunta alrededor de ésta.
¿Puedo contratar un seguro de vida para mi mamá o mi papá?+
Sí, pero el seguro sobre la vida de un tercero es nulo si esa persona no dio su consentimiento por escrito antes de celebrar el contrato y con indicación de la suma asegurada.
¿Vale si ella está de acuerdo aunque no firme?+
No. La ley exige que conste por escrito y de forma previa. Sin ese documento el contrato es nulo, es decir, nunca produjo efectos.
¿Hay excepciones a ese consentimiento?+
Sí: el seguro sobre la vida del cónyuge y sobre la del hijo mayor de edad es válido sin él, y el seguro recíproco puede celebrarse en un solo acto. Los padres no están en esa lista.
¿Hasta qué edad los aceptan?+
La ley no fija tope; cada aseguradora define sus límites de admisión. El mercado se estrecha con la edad: a los 70 años quedan 129,980 pólizas individuales en vigor, frente a 376,674 en el máximo de los 42.
¿Qué opciones hay si ya no lo aceptan?+
Los esquemas de grupo o empresa y el seguro popular, que la ley contempla sin necesidad de examen médico obligatorio, o replantear el objetivo hacia una suma modesta para gastos finales.
Revisado por Carlos Andrés Torres Ospina, Director de Torres Ospina Consultores. Agente de seguros con cédula B M393241, autorizada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.